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MARCABRERA FINANCIA ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MEDITERRÁNEO

Las áreas protegidas en el Mediterráneo cubren alrededor de 300.000 km2 de los 3.3 millones km2 de su superficie y contribuyen significativamente a la economía de la región proporcionando bienes y servicios como agua, pesca, biodiversidad, importantes recursos para el turismo y el ocio, y otros servicios ecosistémicos infravalorados como el efecto sumidero de CO2 o la prevención contra inundaciones y erosión de suelos.  Garantizar su protección requiere entre 50 € y 1.000 € por hectárea al año, dependiendo del tamaño, la intensidad de las medidas de protección, las necesidades de seguimiento y control, actividades de investigación, etc.

 

Las acciones más importantes de financiación proceden del sector público y algunas agencias de cooperación de los países desarrollados junto con una pequeña parte de contribuyentes privados, pero apenas llegan entre un 3% y un 15% del total requerido. La financiación del sector público resulta, hasta ahora, ampliamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las áreas protegidas en el Mediterráneo.

 

Se necesita diversidad de herramientas financieras, así como explorar nuevos modelos relacionados con enfoques de mercado, ya que la financiación, tal y como ahora la conocemos, no está cubriendo los costes reales, necesarios para garantizar su conservación y seguir recibiendo sus importantes recursos en forma de bienes y servicios. A la vez se necesitan nuevas fórmulas de planificación y ordenación del espacio litoral y marino que contemplen e integren diferentes niveles de actuación y los diferentes ambientes y valores que confluyen, garantizando la integración de las poblaciones locales y preservando y potenciando los beneficios económicos derivados de su protección.

 

A orillas de los 46.300 km de costa del Mediterráneo viven más de 100 millones de personas y reciben 228 millones de turistas cada año, ocupando el 75 % del litoral.

 

El análisis de la cuestión nos permite abrir diferentes horizontes; el primero y más lineal es que la actividad turística dinamiza las economías locales generando un mayor ingreso en la Administración Pública vía impuestos y tributos ordinarios. Bien se podría dedicar una parte de este incremento de recaudación en conservación, ya que son estás áreas protegidas las que generan estos ingresos extras comparadas con otras zonas.

 

Un segundo horizonte es que cada vez más hay un creciente interés del sector turístico por las áreas protegidas como un producto de calidad a ofrecer en su oferta turística y ya que determinadas empresas privadas (Tour operadores, rutas y excursiones, submarinismo, kayak, observación de fauna,  actividades recreativas,…) se benefician ofreciendo y vendiendo las áreas protegidas como un producto comercial y por lo tanto que sean estás, las que repercutiendo el coste en sus clientes, contribuyan al sostenimiento y conservación de esas áreas.

 

Un tercer horizonte es no considerar las áreas protegidas como un elemento empaquetable, sino abrir el concepto de conservación no solo a estas áreas sino al conjunto del territorio y exportar a la sociedad un compromiso social y ambiental en lo que podría ser un Plan de Sostenibilidad Ambiental y una estrategia de financiación a las iniciativas ambientales privadas, forjando un compromiso con un proyecto común que a su vez generaría ingresos vía recaudación ordinaria al aumentar la actividad económica, que también se podrían destinar a conservación.

 

Un cuarto horizonte es que los servicios de los ecosistemas, a pesar de no estar cuantificados como un valor financiero, contribuyen activamente al bienestar humano y a sus economías por lo que su conservación es responsabilidad del conjunto de la sociedad a través de Planes específicos de Sostenibilidad Ambiental financiados vía Presupuestos Generales del Estado.

 

El debate está abierto y la urgencia en la toma de las decisiones apremiante.

 

Desde 2013 el “Proyecto Marcabrera” contribuye al mantenimiento directo del Parque Nacional de Cabrera con un canon anual que viene a representar, según el número de clientes, entre 5 y 7 € por cada uno de ellos, además de apoyar actividades y proyectos científicos, tanto en el Parque Nacional como en el Mediterráneo Occidental, vía convenios de colaboración o alianzas estratégicas.

 

Redacción Marcabrera.